Desde principios de diciembre, y tras una tregua en las Fiestas, las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte son el centro de la agenda en Perú. El sur del país es donde esas manifestaciones son más importantes, y donde se registraron la gran mayoría de las más de 60 víctimas de la represión policial. No hay, por desgracia, muchas posibilidades de soluciones a corto plazo. El gobierno mantiene una posición muy dura, con un discurso muy claro de criminalización de la protesta. Incluso si se da alguna tregua en los próximos días, muchos acontecimientos podrían desatar otra ronda de protestas. Por ejemplo, que el Congreso, que tiene un grado de popularidad bajísimo, finalmente no adelante las elecciones, algo que es reclamado en las protestas.
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Y algunos de los atractivos turísticos más interesantes del país están en la zona sur, en departamentos como Cusco, Arequipa y Puno. Machu Picchu tiene la particularidad de tener un tipo de acceso limitado al tren. La suspensión de su servicio impide la llegada y salida de turistas. Como la vía ha sido dañada en varios puntos, cientos de personas quedaron varadas en Aguas Calientes.
Y las autoridades han decidido cerrar Machu Picchu sin fecha definida de reapertura. Es una medida que en la práctica sólo termina de confirmar la imposibilidad de llevar adelante una planificación turística en medio de una extendida conmoción social, y que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en Lima, Puno y Cusco entre otros lugares.
Ya la pandemia había impactado muy duro en la economía de Cusco, que depende mucho del turismo. Y las protestas actuales, que ya llevan semanas, van a tener un impacto en el mediano plazo por la cancelación de reservas para los próximos meses.
El regreso del turismo al sur de Perú depende de una solución política, algo que por ahora no parece cercano. Muchos establecimientos hoteleros y gastronómicos ya han cerrado en Cusco, y difícilmente vuelvan a abrir hasta que no se den señales claras de normalización de la situación. En este momento la situación sigue estancada en un gobierno que quiere imponer su agenda sin más y una oposición con capacidad de protesta pero sin mayores posibilidad de lograr que se consideren sus exigencias.
Habrá que seguir con atención como se desarrollarán los acontecimientos en las próximas semanas. Una clave es la actitud del Congreso peruano en relación al adelantamiento de las elecciones de 2026 a los primeros meses de 2024. Algo que requiere de una nueva votación en febrero, con un resultado por ahora no tan previsible.